El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aprobado la Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS 2025-2035, elaborada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con las comunidades autónomas (CC. AA.), sociedades científicas, asociaciones de pacientes y expertos en la materia. Esta nueva actualización abre un horizonte de diez años para consolidar prácticas seguras y promover una cultura de seguridad en todos los entornos asistenciales.
Actualmente, en España, aunque el Ministerio de Sanidad establece las directrices generales y coordina el SNS a nivel central, los servicios autonómicos son los que tienen las competencias sanitarias, controlan los recursos y aplican estrategias y políticas de seguridad del paciente heterogéneas.
En este contexto, la Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS 2025-2035, marco de referencia para todo el territorio nacional, debe servir de guía para orientar las políticas y acciones destinadas a garantizar una atención sanitaria segura, equitativa y de calidad.
El Informe de evaluación de la estrategia anterior puso de manifiesto las diferencias entre CC. AA. No todos los centros sanitarios disponían de un plan de seguridad del paciente, solo el 78,8 % de los centros de atención primaria y el 73,9 % de los hospitales. De los que la tenían, no todos cumplían con los requisitos indicados en el Manual de evaluación de la Estrategia de Seguridad del Paciente 2015-2020 relativos a la existencia de un plan de seguridad del paciente que incluya responsables, fecha de vigencia, información anual de actividades, evaluación y divulgación. Estos datos, entre muchos otros que desvela el informe de evaluación, justifican la necesidad de renovar y fortalecer la estrategia nacional de seguridad del paciente, incorporando el conocimiento acumulado e insistiendo en la necesidad de reforzar el liderazgo, la formación y la cultura de seguridad.
Esta estrategia parte de la misma misión que la anterior: definir y establecer los objetivos y las recomendaciones, basadas en la evidencia científica disponible, orientadas a minimizar los riesgos asistenciales y reducir el daño asociado a la atención sanitaria. Pero la versión actualizada tiene una visión más amplia y proactiva, invitando a todas las administraciones, direcciones sanitarias, sociedades científicas y organizaciones de pacientes a comprometerse para que cada persona reciba una atención segura y respetuosa en cualquier momento y lugar.
El documento señala que la pandemia de COVID‑19, la digitalización, la asistencia telemática y otros avances tecnológicos han cambiado el contexto asistencial y sus riesgos, por lo que añade nuevos objetivos y recomendaciones. Destaca, por ejemplo, la incorporación de un objetivo específicamente dirigido a promover la disminución de las prácticas de bajo valor: la implantación de recomendaciones "No Hacer".
Además, la nueva estrategia amplía el enfoque con una séptima línea de acción dirigida a mejorar la seguridad clínica en todos los ámbitos asistenciales. Queda conformada por 7 líneas estratégicas, cuyos objetivos se resumen a continuación y quedan reflejados en la infografía adjunta.
Elaborada por @roanelSP para @sanoysalvoblog
- Horizonte temporal y consenso más amplio. La nueva estrategia abarca un periodo de 10 años, frente al periodo quinquenal de la anterior. Para su elaboración se ha contado con una participación más amplia de organizaciones, sociedades científicas y asociaciones de pacientes. Este enfoque colaborativo reconoce que la seguridad del paciente es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso institucional, político, técnico y ciudadano.
- Enfoque más amplio y global de atención sanitaria. La línea estratégica 7 extiende la seguridad del paciente a todos los ámbitos asistenciales, más allá del hospitalario, incluyendo atención primaria, salud mental, centros sociosanitarios y domicilio.
- Mención específica a las recomendaciones "No Hacer", que aparecían de forma incipiente en la estrategia anterior y ahora se convierten en un objetivo específico para promover que no se realicen prácticas de bajo valor.
- Incorporación de la perspectiva de género y de la responsabilidad social como valores transversales. Se reconoce que las inequidades relacionadas con el género pueden influir en los riesgos y resultados de la atención sanitaria. Con respecto a la responsabilidad social, se insta a gestionar con transparencia la seguridad del paciente en la comunidad.
- Impacto de las nuevas tecnologías. Se enfatiza la importancia de la investigación sobre los riesgos de la inteligencia artificial y el uso seguro de las herramientas digitales y de la telemedicina.
- Participación de pacientes, familiares y ciudadanos. Se amplían los contenidos y la población diana de la línea estratégica 4. Se alude a la Carta de Derechos de Seguridad del Paciente de la OMS y al Plan de Acción Mundial de la OMS para la Seguridad del Paciente 2021-2030, donde se destaca la necesidad, cada vez mayor, de implicar y empoderar a pacientes, familiares y personas cuidadoras para lograr una atención sanitaria más segura.
- Medición y transparencia. Se señala la necesidad de disponer de un sistema de evaluación con indicadores específicos, consensuados con los responsables autonómicos, para evaluar el desarrollo e implementación de las líneas de acción. Este enfoque refuerza la transparencia y permite la comparación entre comunidades autónomas y centros.
